Amparo Constitucional en Defensa de los Profesionales del País.


El día 26 de junio del presente año, en calidad de Presidente del Colegio de Economistas del Guayas realicé un recurso de amparo constitucional en contra del Director del Servicio de Rentas Internas, Econ. Carlos Marx, debido a su injusta resolución del incremento del 5% al 8% de la retención a la fuente a los servicios prestados en donde predomine el intelecto sobre el esfuerzo físico, ya sea por profesionales o por cualquier otra persona.

¿Por qué decimos que esta resolución es injusta? Existen varias razones, las cuales son las siguientes mis queridos oyentes:

Afecta a la economía de los profesionales, a menos que tengan un ingreso mensual de $ 3.270, 24 o mayor, siempre les retendrán más de lo que les correspondan pagar de impuesto a la renta y esto suponiendo que la actividad no genere gastos, los cuales tiene el derecho de deducir de sus ingresos.

Si un profesional para ejercer su oficio tiene que alquilar una oficina, contratar un asistente o secretaria, pagar cuentas de electricidad, agua y teléfono, comprar suministros de oficina, cancelar afiliaciones a colegios de profesionales, todo lo cual, siendo conservadores, le representa un egreso mensual de $ 500, entonces el ingreso del mismo deberá ser de $ 3.770,24 para que no se le retenga más de lo debido.

El Estado no ha implementado un mecanismo ágil de devolución del pago en exceso, por lo cual en la práctica el incremento en la retención se convierte en un aumento de impuestos. Un médico o un ingeniero para presentar una solicitud de devolución de impuestos pagados en exceso tendría que contratar a un contador que efectúe los cálculos correspondientes y a un abogado para que auspicie la solicitud, por lo que el costo de presentar el reclamo podría incluso superar el valor del impuesto pagado en exceso.

El estado no reconoce intereses sobre los valores pagados en exceso ni devuelve en efectivo los mismos.

La resolución afecta principalmente a los profesionales que prestan servicios a empresas formales que declaran su impuesto y pagan al estado los valores retenidos, pero no afecta a aquellos que prestan servicios a personas naturales, las cuales no pueden retener.  Es decir se les cobra más a los que ya pagaban en tanto que los que no lo hacían aun no aportan nada.

Al introducir también a las personas naturales que presten servicios intelectuales sin ser profesionales, se les aumento el porcentaje de retención del 1% al 8% sin considerar que en la mayoría de los casos ese tipo de personas no tiene grandes ingresos (contadores bachilleres, maestros constructores, etc.)

Los profesionales independientes, en la mayoría de los casos, no están afiliados al IESS, por lo que son ellos mismos los que deben cubrir los costos de sus prestaciones médicas y ahorrar lo suficiente para subsistir cuando se retiren.

¿Hasta cuando se va a seguir perjudicando a los ciudadanos ecuatorianos? Se violan las normas y los derechos consagrados en la constitución como el de tener a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación, agua potable, ecuación, empleo, etc.; el Estado no cumple con lo de preservar el crecimiento sustentable de la economía, no se vela por el bienestar económico, mucho menos por el social.

Los colegios profesionales del país deben ejercer su justa oportunidad de defender los derechos de sus agremiados y pronunciarse acerca de esta abusiva y técnicamente incorrecta medida.

Editorial Radio Sucre, lunes 02 de julio del 2007

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