Las tendencias de crecimiento del aparato del Estado en los últimos veinte años han sido crecientes pero su eficiencia ha sido matemáticamente decreciente. Los impuestos han aumentado y recientemente volvió a crecer la carga impositiva. Sin embargo en cada aumento de impuestos o de valores de los mismos impuestos no se ha apreciado un incremento de la efectividad de los servicios.
La Constitución en su capítulo 2 De los Derechos Civiles artículo 23 numeral 7 reconoce “ el derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad ; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”. Si pusiéramos este numeral en algunos lugares públicos como escuelas, colegios, seguro social, Pacifitel, empresa eléctrica, hospitales realmente necesitaríamos un servicio exclusivo de ambulancias y la ayuda de los carros bombas del cuerpo de bomberos. En el primer caso porque muchos morirían de risa y en otros porque incendiarían el lugar donde está eso escrito.
Una propuesta justa que podría valorarse en la próxima reunión constituyente sería que los ecuatorianos no estaremos obligados a pagar al estado o a institución pública o privada alguna si no recibimos servicios públicos o privados en la forma y calidad a la que tenemos derecho y podremos denunciar a la defensoría del pueblo la cual tendrá facultad sancionadora además de que se elevará 1000 veces los montos de multas que pueda cobrar.
En la empresa privada, en un mercado, en cualquier sitio privado la reclamación es al momento y el temor a la pérdida de la clientela es un poderoso motor para que se produzca un esfuerzo en pro de mejorar el servicio sin admitir que toda nuestra empresa privada es un modelo de eficiencia. Cuando en ella nos tratan de engañar decimos: no acepto estafa. Debemos decir que nos sentimos históricamente estafados por el estado en sus tres poderes: un Congreso sumamente desacreditado, un Sistema Judicial cuyo funcionamiento honrado y eficaz ha quedado muchas veces en entredicho y Gobiernos que en los últimos años han sido expulsados o duramente cuestionados.
Realmente tiene que producirse una revolución ciudadana, organizada, pacífica e integradora que permita por la vía legal hacer que el aparato del estado decrezca y aumente en eficiencia para que cada miembro de la sociedad independientemente de su condición económica, social, racial, etc… reciba una atención decente y digna.
Para ello el concepto del servicio público tendrá que convertirse, como debe ser, en un ejercicio de apostolado y no un lugar para hacer plata. La patria es para servirla y no para servirse de ella. Todos los que de un modo u otro pagamos contribución al estado tenemos el derecho de exigir que se nos atienda bien.
La Constituyente puede permitirnos terminar con la estafa del Estado sobre sus ciudadanos.
Basta de dejarnos estafar por el Estado.
Editorial Radio Sucre, lunes 23 de julio del 2007
Galo Cabanilla Guerra 