Crónica de renuncias anunciadas


El contrato colectivo  al  que se acogen algunas empresas como en el sector petrolero, eléctrico o de la telecomunicación, ha resultado con grandes  beneficios para los trabajadores al momento de solicitar renuncias voluntarias porque reciben miles de dólares como indemnizaciones.

Según el Artículo 1 del Código de Trabajo, el contrato colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto.

Petroecuador cuenta con distintas filiales y cada una de ellas mantienen por separado contratos colectivos con sus empleados.

La vigencia del Contrato es de tres años y plantea revisiones a los beneficios económicos cada año para los 1 188 trabajadores agrupados en Comité de Empresa Nacional Único de los Trabajadores de Petroproducción (Cenapro).

Desde que se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), los beneficiarios de los privilegios del contrato colectivo, han sido Iván Narváez que recibió $150 mil, y el ex vicepresidente de Petrocomercial, Julio Mera ($350 mil).

Como próximamente se instalará la nueva Asamblea y los rumores que se eliminarán las onerosas compensaciones, algunos funcionarios decidieron apresurar el trámite para la renuncia voluntaria y poder recibir dichos beneficios.

Petroecuador no ha presentado a la  luz pública a cuanto asciende el monto destinado a las elevadas indemnizaciones, y eso sin contar los sueldos que también son altos.

Así como los empleados de Petroecuador exigen sus derechos y se ajustan a la ley de trabajo, porque el resto de personas que trabajan en otros sectores reciben remuneraciones por debajo del sueldo básico o jubilaciones que no son justas por varios años en la empresa. Tenemos como ejemplo, un maestro, una secretaria.

Todos tenemos derechos iguales. La constitución señala que el gobierno debe garantizar al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia.

Una tarea gloriosa  de la próxima asamblea constituyente que seguramente aplaudiría el 99% de la población sería cortar esos privilegios unilaterales que los diferentes gobiernos le han ido aceptando a los sindicatos en determinadas ramas de la economía,  de manera que pareciera que los trabajadores de esas empresas son dueños especiales  de esos recursos o servicios cuando son tan empleados del estado como un médico, un maestro, un policía o un miembro de las fuerzas armadas. Debemos terminar con todo aquello que signifique privilegios especiales o los  que trabajan para el estado y elaborar una homogenización de salarios para actividades similares y titulaciones iguales. Nadie es dueño del estado.

Editorial Radio Sucre, lunes 24 de septiembre del 2007

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