La propiedad: santa palabra


Desde tiempos inmemoriales la propiedad y su concepto han ocupado un punto medular en la economía, en la política y han determinado en gran medida los diferentes sistemas económico-sociales en la historia de la humanidad.

La Asamblea Constituyente ha entrado en temas medulares que pueden provocar ciertos cambios en la sociedad ecuatoriana.

En primer debate se discutió que “El Estado reconoce y garantiza la existencia y derecho a la propiedad, en sus diversas formas: privada, comunitaria, estatal, social, cooperativista, pública y mixta. Todas ellas deberán cumplir la función social y ambiental. Esta función significa que los distintos tipos de propiedad satisfagan necesidades de la sociedad, que respondan a una justicia redistributiva; que no vulnere derechos colectivos y promuevan una convivencia intercultural; que estén en producción sustentable, sostenible y con responsabilidad social, que protejan la biodiversidad; y que su uso y aprovechamiento respeten el buen vivir en la sociedad, de conformidad con la ley”.

La Constitución Política del Ecuador vigente hasta tanto se produzca el referéndum y el pueblo decida cómo votar señala que” “La propiedad en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el  Estado  reconocerá y garantizará para la organización de la economía”

“Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo”

“Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y de conformidad  con los convenios  y tratados vigentes.”

La propuesta actual desglosa  en detalle los tipos de propiedad existentes o por crearse excepto la propiedad intelectual que, de momento no ha salido a relucir.

Las  reacciones virulentas que se han producido y que en algunos casos han despertado inquietudes es al sumar estas variadas formas de propiedad con la posibilidad de expropiación para fines de “bienestar colectivo e interés social”. Esto aparece casi de manera idéntica a la Constitución política actual. El temor viene de las tendencias del gobierno y que la interpretación del interés esté cargado de intenciones  de transformaciones políticas no confesadas.

El hecho específicamente económico de reconocer los diversos tipos de propiedad mantiene la diversidad del sistema y de sus fuentes de riqueza. Aunque el Estado tiene una potenciación en todas las acciones políticas la propiedad privada es un sostén significativo a la economía nacional y al empleo.  El punto es en qué medida estimulamos a esa propiedad para que se sitúe   en función del crecimiento nacional.  Atacarla, rechazarla y mirarla con una constante suspicacia no ayudará.

Realmente todos los procesos en que ha dominado de forma absoluta la propiedad social sobre los medios de producción económicamente hablando estimados radioyentes han resultado un desastre con buenas intenciones en algunos casos. Lo que es de todos a veces no es realmente de nadie y un Estado con ese propósito conduce al país que sea a la ruina.

Particularmente no creo que exista esa intención por parte del Presidente aunque para algunos asambleístas la idea pueda ser estimulante.

El país debe avanzar mancomunadamente con todos los tipos de propiedad y todos, con las limitaciones establecidas por la constitución  tienen que aportar al país y cuidar el cumplimiento de la ley.

Los fundamentalistas de uno y otro lado  tendrán que esperar un poco más para levantar sus banderas.

Editorial Radio Sucre, lunes 02 de junio del 2008

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